Sigue prófugo el exsacerdote de SLP que drogaba a menores de edad

Su nombre es Eduardo Córdova y abusó de 100 menores a lo largo de 30 años de sacerdocio.

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Sigue prófugo el exsacerdote de SLP que drogaba a menores de edad
Foto: Proceso

A siete años de estar prófugo de la justicia, aún se desconoce el paradero de Eduardo Córdova Bautista, un exsacerdote que abusó sexualmente de niños y adolescentes de San Luis Potosí durante 30 años.

Las primeras denuncias llegaron a la iglesia potosina en 1983, cuando no era sacerdote y participaba como encargado de la biblioteca del Instituto Potosino Marista donde estudiaba.

Después, ingresó al Seminario Mayor de la diócesis de San Luis Potosí y fue ordenado sacerdote en 1988 por el obispo Arturo Antonio Szymanski Ramírez.

Según las denuncias, el padre Córdova Bautista se ganaba la confianza de niños y jóvenes potosinos por medio de la confesión. Primero los atendía en la parroquia o sacristía, después los invitaba a su domicilio para ofrecerles una “confesión alternativa con el cuerpo”.

De acuerdo a los testimonios, el padre drogaba a sus víctimas para cometer los abusos, en caso de que se negaran, el prófugo utilizaba los secretos de confesión para forzar su silencio.

La falta de actuación de la Arquidiócesis de San Luis Potosí generó que el número de víctimas se fuera incrementando. Se le adjudican cerca de 100 casos.

A la fecha se desconoce el paradero de Eduardo Córdova Bautista, lo único que se sabe de él es que el Vaticano decidió suspender de sus licencias ministeriales y fue dado de baja definitivamente de la Iglesia Católica.

Participación en el Gobierno de San Luis Potosí

A pesar de lo publicado sobre sus delitos sexuales contra menores, Eduardo Córdova Bautista fue Consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (1999-2001), participó como Consejero Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contratación de Obra Pública del Gobernador priista Fernando Toranzo Fernández.

También fue miembro del Monitor Ciudadano del Ayuntamiento de San Luis Potosí, en el que participan funcionarios de la administración pública y personas de calidad moral de la sociedad civil.